Existe popularmente la confusión de que gobierno y Estado son sinónimos, y no es así. El gobierno, las personas que lo integran, todos, son empleados del Estado. El país, sus habitantes, sus instituciones, son administradas por el gobierno, nacional o departamental, cuyos miembros reciben salarios para cumplir su función.
Esta explicación puede parecer obvia, pero en la realidad es imprescindible.
Hay tendencia a confundirse y a otorgar a los administradores, potestades de dueños. El propietario del país (¿vale el término?) es el Estado, o sea el conjunto de sus ciudadanos e instituciones soberanas, de las cuales el gobierno sólo es una. Por tanto, ni los gobernantes ni los gobernados pueden usar al Estado en su beneficio personal. No debe una persona o grupo pedir que se le done una plaza, una calle, u otro elemento, si no hay autorización de instituciones soberanas de contralor o existan normas que lo autoricen. Los gobiernos no pueden “dar” lo que no les pertenece, sólo deben administrarlo.
El contenido anterior no es muy fácil de aceptar por parte del pueblo necesitado, a quien las autocracias (de derecha, centro y de supuesta izquierda), han cautivado prometiéndoles cosas. Si esos regalos salieran del bolsillo del gobernante, no estaría bien, porque igual sería un acto de prostitución política; pero si lo que se “da”, sale de los bienes del Pueblo es obsceno y a veces ilegal.
Un ejemplo, castigado política y moralmente: la ex ministra Moreira entregó viviendas al margen de las normas; debió renunciar y una investigación probó su mal manejo. Otro: las colocaciones de partidarios de Carlos Albisu en Salto Grande, fueron condenadas por todos.
Ningún gobernante, desde el presidente a un concejal de campaña, puede disponer a su antojo de los bienes públicos, sea físicos, financieros, territoriales o de la estructura administrativa. Aunque la “donación” o la “gauchada” sean con buenos fines. La propiedad del Estado se maneja por la ley.
Los cargos públicos, sean funcionarios, contratos de obra, monotributos o como se les llame, forman parte de esos bienes del Estado, que el gobernante no puede regalar.
Cuando las gauchadas solucionan una necesidad social imperiosa, nada cuesta legislar, abrirlas a TODOS los que las necesitan y proceder. Cuando se hacen con reclutamiento silencioso de destinatarios (Salto Grande, Poder Ejecutivo e intendencias,) ya caen en la maniobra política, en el abuso de los bienes del país en beneficio de algunos. Algo similar a “oligarquía”.
Si esas maniobras oligárquicas, acarrean además un beneficio para quien las realiza, y condiciona la acción del beneficiado y lo obliga a algo a favor del jerarca, es tenebroso. Se ha expuesto, en voz baja, casos de trabajo obligatorio en campañas políticas, por salarios del Pueblo. Nadie denuncia: “hay que parar la olla”.
La construcción de gobiernos transparentes, ceñidos a la ley y con el Estado abierto a todos, fue una causa fundacional del FRENTE AMPLIO. La administración honesta de los bienes públicos, debe ser uno de los objetivos políticos de quienes tienen vocación ejecutiva sean o no frenteamplistas.
Para eso en el FRENTE AMPLIO, nació RAICES, lista 133.
